¿Porque no salió El Imparcial y el Expreso en la lista si son los que reciben más? 40 mdp y 30 mdp según la lista original.
La publicación nacional sobre los pagos de publicidad oficial del Gobierno de Sonora reveló por primera vez algunos de los montos específicos destinados a numerosos medios de comunicación. Ya se sabía desde meses atrás, dentro de determinados círculos políticos que Epifanio “Pano” Salido había adquirido de un periodista de Guaymas esas listas relacionadas con la distribución de los recursos de los sonorenses.
De acuerdo con esa versión, Pano Salido llevó posteriormente el material a Antonio “Toño” Astiazarán y le propuso publicarla para evidenciar a los medios. El alcalde de Hermosillo habría decidido no divulgarlo de inmediato, sino mantenerlo archivado hasta encontrar el momento políticamente más conveniente para utilizarlo. Ese momento llegó ayer, cuando la administración municipal enfrenta una cobertura cada vez más crítica por los problemas acumulados en Hermosillo y cuando el proyecto político de Astiazarán muestra señales claras de debilitamiento.
La precisión es importante. Los montos publicados sí constituyen información nueva para la opinión pública. Lo cuestionable no es que hayan salido a la luz, sino la ruta que presuntamente siguió el documento antes de ser difundido, el tiempo durante el cual permaneció guardado y el propósito político con el que finalmente habría sido utilizado.
Si Pano Salido adquirió la información, la entregó a Antonio Astiazarán y este decidió conservarla durante meses, no estaríamos frente a una revelación espontánea ni ante un ejercicio institucional de transparencia. Estaríamos frente a información reservada como munición política, almacenada hasta que pudiera causar el mayor daño posible a quienes se habían convertido en críticos incómodos del Ayuntamiento.
Esa diferencia es fundamental. Quien obtiene información de interés público con el propósito de rendir cuentas la publica de manera completa, presenta los documentos que la respaldan, explica su origen y asume públicamente la responsabilidad de la denuncia. Quien adquiere un expediente, lo archiva y espera hasta que sus adversarios se vuelven un problema no está practicando transparencia: está administrando un arma política.
La filtración apareció en un momento especialmente adverso para Antonio Astiazarán. Hermosillo enfrenta una acumulación de problemas que ya no puede ocultarse únicamente mediante campañas de imagen: calles destruidas, baches, socavones, desabastos recurrentes de agua, cuestionamientos sobre seguridad, endeudamiento récord nacional y una falta persistente de claridad sobre el costo final de diversas obras y programas municipales.
La distancia entre el Hermosillo que promociona el Ayuntamiento y el Hermosillo que viven diariamente sus habitantes se ha vuelto demasiado grande. Durante buena parte de su administración, Astiazarán logró mantener una imagen pública considerablemente mejor que el estado real de los servicios municipales. Sin embargo, algunos medios comenzaron a documentar con mayor insistencia lo que ocurre en las colonias, las calles y los hogares afectados por la falta de agua, el deterioro urbano, la inseguridad y las decisiones financieras del gobierno municipal.
Cuando esos problemas dejaron de presentarse como incidentes aislados y comenzaron a formar una narrativa constante sobre el desempeño del Ayuntamiento, el control de la conversación pública empezó a escaparse de sus manos. En ese contexto apareció el documento sobre la publicidad estatal.
La filtración no demuestra que los baches sean inventados, que los socavones no existan, que el desabasto de agua haya sido exagerado ni que los cuestionamientos sobre deuda, seguridad y costos de obra carezcan de fundamento. En vez de responder con resultados, datos y explicaciones, el golpe intenta colocar bajo sospecha a quienes documentan esas fallas.
Es la estrategia tradicional del poder cuando ya no puede refutar el mensaje: atacar al mensajero.
El mensaje implícito parece ser que cualquier medio que publique los problemas de Hermosillo puede ser desacreditado exhibiendo cuánto recibe del Gobierno del Estado. De esta manera, en lugar de responder por las deficiencias municipales, se intenta instalar la idea de que toda cobertura crítica contra Antonio Astiazarán obedece a intereses económicos y que cualquier señalamiento contra el Ayuntamiento forma parte de una campaña financiada desde el gobierno estatal.
Sin embargo, conocer los ingresos publicitarios de un medio no resuelve ninguna de las críticas publicadas. No repara una calle, no elimina un socavón, no restablece el agua, no reduce la deuda, no transparenta una obra y no disminuye la inseguridad. Atacar a quien informa solamente demuestra que el poder está más preocupado por controlar la percepción pública que por corregir la realidad que origina las noticias.
Uno de los medios colocados con mayor claridad en el centro de la discusión fue Proyecto Puente, dirigido por Luis Alberto Medina. No parece casual que aparezca entre los principales objetivos. Proyecto Puente ha informado de manera recurrente sobre las fallas del Ayuntamiento y ha dado espacio a denuncias ciudadanas que contradicen la imagen de modernidad, eficiencia y transformación que pretende proyectar la administración municipal.
Luis Alberto Medina también ha expresado que no desea participar en guerras personales ni en el golpeteo político tradicional. Esa postura pudo convertirlo en un blanco conveniente: un periodista suficientemente visible para que el ataque sirviera como advertencia para otros medios, pero lo bastante prudente como para que quienes promovieron la operación calcularan que difícilmente respondería mediante una campaña negra semejante.
El poder suele seleccionar cuidadosamente a sus adversarios. Busca objetivos con suficiente influencia para que el golpe produzca repercusiones, pero con suficiente mesura para reducir el riesgo de una respuesta. Por eso, el ataque contra Proyecto Puente puede interpretarse no solamente como un señalamiento contra Luis Alberto Medina, sino también como un mensaje dirigido a cualquier medio que pretenda apartarse de la narrativa oficial del Ayuntamiento.
El aspecto más revelador de la publicación, sin embargo, puede encontrarse en lo que presuntamente quedó fuera. Dentro del gremio periodístico se afirma que algunos de los periódicos que recibirían las cantidades más elevadas de publicidad estatal no fueron exhibidos con la misma fuerza. Se habla de montos aproximados de 40 millones de pesos para el medio que más recibiría y 30 millones para el segundo.
Habría que explicar por qué se exhibió con especial intensidad a determinados medios mientras otros, mejor pagados, recibieron un tratamiento mucho más discreto.
También habría que preguntar por qué la selección parece coincidir con los medios que han publicado de manera más constante los problemas del Ayuntamiento. Una lista completa no debería proteger a los medios más cercanos ni castigar a los más críticos. Cuando los nombres se escogen según su utilidad política, la información deja de servir a los ciudadanos y comienza a servir a una estrategia de poder.
La transparencia verdadera no selecciona enemigos, no protege aliados y no utiliza los datos públicos como mecanismo de intimidación. Publica toda la información, permite comparar los montos, identifica a todos los beneficiarios y explica bajo qué criterios se asignó cada peso. Una filtración parcial y dirigida no equivale a rendición de cuentas; equivale a convertir un documento público en un arma política.
Si Antonio Astiazarán y Epifanio Salido desean abrir una discusión seria sobre la relación económica entre gobiernos y medios, deben comenzar por publicar la lista completa de publicidad oficial del Ayuntamiento de Hermosillo. No basta con señalar lo que paga el Gobierno de Sonora mientras mantienen fuera del escrutinio los convenios administrados por el gobierno municipal.
El Ayuntamiento debe informar cuánto paga a cada periódico, estación de radio, televisora, portal digital, conductor, empresa de comunicación, creador de contenido y página de redes sociales. También tendría que publicar los contratos, facturas, montos mensuales, campañas, proveedores, métricas de audiencia y criterios utilizados para justificar cada asignación.
Si Toño y Pano consideran escandaloso que el Gobierno del Estado distribuya publicidad mediante criterios políticos, deben demostrar que el Ayuntamiento de Hermosillo no reproduce exactamente el mismo sistema. Resulta demasiado sencillo denunciar el llamado “chayote” del adversario mientras se mantienen ocultos los propios contratos de comunicación.
Pero la rendición de cuentas tampoco puede detenerse en los ingresos de los medios. Si Antonio Astiazarán y Epifanio Salido quieren que los periodistas expliquen de dónde proviene su dinero, ellos también deberían presentar una relación completa de las empresas, sociedades, concesiones, contratos y proyectos económicos que ellos y sus círculos familiares han desarrollado durante más de cuatro décadas vinculados con la política, el servicio público y las decisiones gubernamentales.
Ambos han construido la mayor parte de sus trayectorias alrededor de cargos públicos, actividad política o negocios relacionados con concesiones, contratos, permisos y autorizaciones oficiales. En distintas etapas se les ha relacionado públicamente con actividades vinculadas con cable, radio, desarrollos inmobiliarios, energía solar, arrendamiento de patrullas, seguridad, limpieza y otros servicios regulados o contratados por autoridades. En algunas sociedades también aparecen familiares, tíos, socios o parientes políticos.
La existencia de esas empresas o relaciones no demuestra por sí misma ninguna ilegalidad. Precisamente por eso deberían transparentarlas completamente. Toño Astiazarán y Pano Salido tendrían que explicar qué compañías constituyeron, quiénes participaron como socios, cuánto capital aportó cada integrante, qué contratos obtuvieron, qué concesiones recibieron y qué decisiones públicas facilitaron el crecimiento de esos negocios.
También deberían informar cuáles empresas surgieron mientras ocupaban cargos públicos, cuáles contrataron con gobiernos y cuáles dependieron de cambios de uso de suelo, concesiones, autorizaciones regulatorias, permisos municipales, estatales o federales, y decisiones tomadas por funcionarios con quienes mantenían relaciones políticas.
Si pretenden colocar bajo la lupa las finanzas de Luis Alberto Medina, Proyecto Puente y otros medios, deben aceptar que la sociedad coloque bajo esa misma lupa las trayectorias económicas de Antonio Astiazarán y Epifanio Salido. La regla tiene que ser idéntica para todos: explicar de dónde proviene el dinero, quiénes participaron en cada negocio y qué relación existió entre esas actividades privadas y las decisiones del poder público.
Quienes han desarrollado durante décadas su vida profesional dentro de la política, los cargos públicos o los negocios vinculados con decisiones gubernamentales no pueden convertirse repentinamente en fiscales de la independencia económica de los periodistas sin abrir primero sus propios expedientes. No pueden exigir hacia afuera una transparencia que no están dispuestos a practicar hacia adentro.
Si quieren listas, que se publiquen todas las listas: la del Gobierno de Sonora, la del Ayuntamiento de Hermosillo, la de los medios favorecidos por cada administración y la de las empresas, sociedades, concesiones, permisos y contratos relacionados con Antonio Astiazarán, Epifanio Salido, sus socios y sus círculos familiares.
Eso sería transparencia verdadera. La publicación selectiva de un documento incompleto no constituye rendición de cuentas, sino una operación destinada a intimidar a los medios que dejaron de obedecer, desacreditar a quienes exhiben las fallas del Ayuntamiento y tratar de arrastrarlos en el desplome político de Antonio Astiazarán, cuyo proyecto parece quedarse sin futuro. Más aún ahora que, según versiones políticas, la presidenta habría pedido directamente a Alfonso Durazo que no vuelva a apoyar al Toño como ocurrió en los procesos anteriores, cuando Durazo hizo perder a Célida López y a María Dolores del Río.
