Dos estados casi idénticos… pero con una diferencia clave
Durante décadas, Sonora y Sinaloa fueron prácticamente parte del mismo ecosistema económico, político y territorial del noroeste de México.
Comparten:
- agricultura intensiva,
- distritos de riego,
- presas,
- poder regional ligado al agua,
- grupos empresariales agrícolas,
- rutas comerciales,
- redes políticas históricas,
- y enormes extensiones de territorio semidesértico donde controlar el agua significa controlar la economía.
Por eso la pregunta comienza a surgir sola:
Si la Conagua ya investiga posibles irregularidades y presuntos vínculos criminales en distritos de riego de Sinaloa,
¿por qué no ocurre una revisión similar en Sonora?
El punto incómodo: casi todo lo que pasa en Sinaloa también existe en Sonora
En Sinaloa, la discusión pública comenzó alrededor de:
- módulos de riego,
- control territorial,
- disputas por agua,
- presiones sobre productores,
- violencia,
- y estructuras regionales con enorme poder económico.
Pero muchos de esos elementos también existen en Sonora:
- acuíferos sobreexplotados,
- conflictos históricos por agua,
- presiones urbanas e inmobiliarias,
- agricultura de alto consumo,
- minería,
- pozos,
- desarrollos turísticos,
- y redes políticas construidas históricamente alrededor del control hidráulico.
El agua en el noroeste nunca ha sido únicamente un tema técnico.
Ha sido un mecanismo de poder.
La diferencia no parece ser estructural. Parece ser social y política.
En Sinaloa, después de años de violencia y desgaste social, comenzó a aparecer algo distinto:
- productores hablando públicamente,
- reportajes,
- denuncias,
- testimonios,
- y presión nacional.
Incluso algunos actores agrícolas llegaron a declarar públicamente que hablar del tema podía poner en riesgo la vida. Eso refleja el nivel de tensión que existe alrededor del control regional del agua.
En otras palabras:
Sinaloa parece haber llegado a un punto donde parte de la sociedad ya perdió el miedo o el silencio dejó de ser sostenible.
En Sonora el fenómeno podría ser más reciente
En Sonora, el deterioro relacionado con estructuras criminales y economías paralelas ha sido percibido por muchos ciudadanos como más reciente o menos visible públicamente.
Eso puede generar una diferencia importante:
- menor cantidad de denuncias públicas,
- menor presión mediática nacional,
- menos testimonios abiertos,
- y menos costo político para mantener el tema fuera de discusión.
Pero la ausencia de denuncias visibles no necesariamente significa ausencia de problemas.
El agua: el recurso más estratégico del norte de México
El tema es particularmente delicado porque investigar el agua implica investigar:
- concesiones,
- pozos,
- distritos de riego,
- crecimiento urbano,
- desarrollos inmobiliarios,
- producción agrícola,
- y relaciones de poder construidas durante décadas.
En estados como Sonora y Sinaloa, controlar agua puede significar controlar:
- producción,
- valor de tierras,
- crecimiento económico,
- y estabilidad política regional.
Por eso cualquier investigación profunda inevitablemente tocaría intereses enormes.
¿Debería investigar también la Conagua en Sonora?
Desde una lógica institucional, muchos argumentarían que sí.
No porque exista automáticamente evidencia pública de delitos generalizados, sino porque:
- Sonora comparte estructuras económicas muy similares a Sinaloa,
- enfrenta estrés hídrico severo,
- tiene conflictos históricos por agua,
- y mantiene sectores agrícolas y urbanos altamente dependientes de concesiones y extracción intensiva.
Si la lógica federal es revisar posibles irregularidades donde existen presiones extremas sobre el recurso, entonces Sonora difícilmente podría quedar fuera de esa discusión.
Sonora no debería esperar al punto de quiebre
Por eso Sonora no debería esperar a llegar al punto de quiebre que hoy enfrenta Sinaloa.
Una investigación federal preventiva sobre:
- distritos de riego,
- concesiones,
- pozos,
- módulos,
- usos agrícolas,
- urbanos,
- turísticos,
- e industriales,
no tendría que partir de una acusación generalizada, sino de una obligación básica del Estado: revisar a tiempo si el agua se está administrando conforme a la ley y al interés público.
En Sinaloa, el tema terminó escalando cuando ya existían:
- violencia,
- denuncias públicas,
- miedo entre productores,
- asesinatos de dirigentes de módulos,
- y señales de posible captura de estructuras regionales.
Sonora todavía está a tiempo de evitar llegar a ese escenario.
Por eso urge que la Conagua abra también una revisión seria en Sonora. No como persecución política ni como señalamiento automático contra sectores productivos, sino como una medida preventiva de seguridad hídrica, económica e institucional.
Porque si casi todo lo que pasa en Sinaloa también existe en Sonora, la diferencia no debería ser esperar a que aquí también aparezca una crisis irreversible.
