Luis Alberto Medina regresó a escribir a El Imparcial con una columna sobre los “focos rojos” en Cruz Roja Sonora. Pero en vez de empezar por la pregunta central —qué pasó con los recursos que el Gobierno recauda y debe transferir a Cruz Roja— puso el reflector sobre la propia institución.
La columna de Medina me parece tendenciosa porque selecciona un ángulo que termina beneficiando políticamente al Gobierno. Concentra la atención en relaciones familiares, nombramientos y supuestas disputas internas, mientras deja en segundo plano la pregunta que realmente importa para los ciudadanos: ¿dónde están los 36 millones de pesos de Cruz Roja?
El contexto también importa. Medina es fundador y director de Proyecto Puente, que dentro de la información proporcionada por diversas dependencias del Gobierno de Sonora al periodista Héctor Yeomans apareció como el medio de internet con mayor monto recibido. El Imparcial acumuló 13 millones 829 mil 878 pesos y Proyecto Puente 4 millones 399 mil 880 pesos.
Es decir, Medina pasó de dirigir el medio digital que más recursos recibió dentro de esa revisión a escribir ahora en El Imparcial, que dentro del mismo ejercicio fue el medio privado con mayor monto.
Eso no demuestra por sí mismo que exista una instrucción del Gobierno ni que Medina escriba a cambio de publicidad oficial. Pero sí crea un contexto que el lector merece conocer y que obliga a preguntarse si existe un posible conflicto de interés, o cuando menos un sesgo, cuando una columna termina justificando o ayudando a justificar la posición del mismo Gobierno que ha destinado cantidades importantes de publicidad oficial a esos medios.
Entiendo perfectamente que los medios necesitan dinero del gobierno para sobrevivir. No cuestiono que Proyecto Puente tenga publicidad oficial ni pretendo decirle a Medina cómo manejar su medio. Esa es su responsabilidad.
Pero El Imparcial es distinto para mí. Es el periódico que fundó mi abuelo, José S. Healy Brennan, y del cual soy socio. Actualmente existen juicios en curso en los que buscamos recuperar la voz y el voto que nuestro padre nos heredó y que nos fueron arrebatados en un contexto que, a nuestro juicio, refleja una preocupante ausencia de Estado de derecho en Sonora. Hoy, además, frente a este tipo de actuaciones, resulta difícil no cuestionar hasta qué punto el periódico ha quedado sujeto a los intereses del poder estatal.
Precisamente por eso, cuando alguien utiliza sus páginas para influir en un asunto de enorme interés público, voy a ser crítico con lo que escriba, especialmente cuando considero que esa narrativa puede servir para justificar, encubrir o desviar la atención de decisiones que ponen en riesgo la operación de una institución cuya función es salvar vidas.
Si mi abuelo pudiera ver que el medio que fundó está siendo utilizado para justificar que se retengan recursos destinados a Cruz Roja, se estaría retorciendo en su tumba.
José S. Healy Brennan ayudó a construir un periódico para informar, cuestionar al poder y servir a la sociedad. Ese esfuerzo fue continuado por mi padre, José Alberto, y por mi hermano, José Santiago. No para encubrir al poder ni para construir argumentos que le faciliten al Gobierno explicar por qué el dinero destinado a ambulancias, paramédicos y emergencias no llega a donde tiene que llegar.
Aquí no estamos hablando solamente de política, cargos o parentescos. Estamos hablando de vidas humanas.
Medina centra su argumento en David Andrés Camou León, Carlos Freaner Figueroa y la relación familiar entre ambos. Pero Cruz Roja Mexicana conoce perfectamente esa relación. Ya decidió quién dirige la delegación de Sonora y, hasta donde se ha acreditado públicamente, no existe una irregularidad que invalide ese nombramiento.
El periodo tiene además una duración definida. La siguiente decisión sobre la dirigencia corresponde cuando concluya el mandato actual, dentro de aproximadamente dos años.
Por eso utilizar ahora ese parentesco como eje de la discusión puede terminar siendo una forma de influir en la opinión pública para justificar un cambio anticipado que Cruz Roja Nacional no ha considerado necesario.
El verdadero foco rojo aparecería si Alfonso Durazo logra forzar que Cruz Roja Mexicana cambie al delegado antes de terminar su periodo.
Ahí ya no estaríamos hablando de Camou ni de Freaner. Estaríamos hablando de la independencia de Cruz Roja Mexicana.
Si existe alguna irregularidad interna, corresponde a Cruz Roja Nacional investigarla. Que revise actas, estatutos, nombramientos y procedimientos. Pero esa decisión le corresponde a Cruz Roja, no al gobernador de Sonora ni a Hacienda.
El Gobierno puede fiscalizar recursos públicos, exigir comprobaciones y denunciar irregularidades financieras. Lo que no debería poder hacer es utilizar recursos destinados a Cruz Roja para influir en sus decisiones internas.
Y la pregunta sigue intacta: ¿dónde está el dinero?
Si Hacienda tiene fundamento legal para detener o retrasar las ministraciones, que lo publique. Que diga cuánto recaudó, cuánto correspondía entregar, cuánto entregó, cuánto falta, quién tomó la decisión y con qué fundamento.
Medina puede cuestionar a Cruz Roja. Nosotros podemos cuestionar el sesgo de su columna.
Porque cuando un periodista dedica buena parte de su espacio a explicar parentescos mientras la dependencia que tiene el dinero permanece sin dar una explicación suficiente, el resultado puede terminar encubriendo políticamente la cuestión principal, aunque esa no haya sido necesariamente su intención.
La pregunta no es quién es pariente de quién. La pregunta es quién tiene los 36 millones de la cruz roja.
Y si ese dinero estuviera siendo utilizado para presionar un cambio dentro de Cruz Roja, entonces estaríamos ante algo mucho más grave que un conflicto administrativo. Estaríamos ante un intento de influir en una institución que debe ser independiente.
Si Cruz Roja Nacional mantiene su decisión hasta que concluya el periodo, estará defendiendo esa independencia. Pero si Durazo consigue que cambien anticipadamente al delegado como consecuencia de presión política o financiera, la institución puede sufrir un daño enorme de credibilidad.
Porque Cruz Roja puede mantener escrita la palabra “Independencia” en todos sus estatutos. Pero para los ciudadanos lo que contará serán los hechos.
Una cosa es colaborar con un gobierno. Otra es doblarse ante él.
Y entonces aparece el problema más delicado: las donaciones.
Los ciudadanos ya pagamos impuestos para seguridad, salud, infraestructura, agua y servicios públicos, muchas veces recibiendo servicios deficientes. Donamos adicionalmente a Cruz Roja precisamente porque la consideramos independiente del Gobierno.
Si deja de ser vista así, la pregunta será inevitable: si ya le pago impuestos al Gobierno, ¿por qué voy a donar también a una institución que termina haciendo lo que quiere ese mismo Gobierno?
Cruz Roja podría resolver una disputa política en Sonora y perder algo muchísimo más valioso en todo México: la confianza de la ciudadanía.
Medina pide rendición de cuentas dentro de Cruz Roja. Perfecto. Pero Hacienda también tiene que rendirlas.
¿Dónde está el dinero, quién decidió no entregarlo oportunamente, con qué fundamento y qué quieren a cambio?
Porque si una narrativa tendenciosa termina sirviendo para justificar la presión del Gobierno, y esa presión logra doblar a Cruz Roja hasta modificar sus decisiones internas, el problema dejará de ser solamente de Alfonso Durazo.
Será también un problema de credibilidad para Cruz Roja Mexicana.
Y para la ciudadanía quedará una pregunta devastadora: si Cruz Roja deja de ser independiente del Gobierno, ¿quién va a querer seguir donando?
