La crisis de fentanilo ya provocó cientos de miles de muertes en United States.
Más estadounidenses han muerto por opioides y fentanilo que en Vietnam, Irak y Afganistán combinados.
Y gran parte de ese flujo pasa por el corredor conectado con Sonora.
Los datos de decomisos muestran que:
- entre 90% y 96% del fentanilo asegurado en frontera entra por California y Arizona;
- Arizona representa aproximadamente la mitad de las incautaciones nacionales;
- y prácticamente todo el corredor Arizona depende logísticamente de Sonora.
Pero el sistema no empieza únicamente en la frontera terrestre. También pasa por los puertos del Pacífico.
Estados Unidos ya reconoce oficialmente que gran parte de los precursores químicos provenientes de China llegan a México por vía marítima para producir fentanilo. Y ahí aparece un punto estratégico clave:
El Puerto de Guaymas.
El tamaño económico del fenómeno rebasa completamente la capacidad estatal:
- el presupuesto anual de seguridad de Sonora ronda apenas ~0.5 mil millones USD;
- mientras las economías ilícitas ligadas al corredor del Pacífico mueven decenas de miles de millones de dólares.
Simplemente es imposible que un estado enfrente solo una estructura de ese tamaño.
Por eso Sonora necesita:
- inteligencia federal,
- intervención de alto nivel,
- coordinación con Omar García Harfuch,
- y cooperación profunda con agencias de Estados Unidos.
Y ahí aparece otro punto delicado:
la posible información que puedan tener mandos navales sobre rutas marítimas, estructuras de protección y operación de los corredores Sonora–Arizona, Sonora-Baja California-California
Por eso empieza a crecer una pregunta incómoda:
¿Deberían autoridades estadounidenses buscar cooperación protegida de funcionarios con información sensible —incluyendo funcionarios del gobierno de Sonora y eventualmente al contraalmirante Farías— para identificar quiénes permiten y han permitido operar el principal corredor de fentanilo hacia Estados Unidos?
