El efecto dominó que pone a prueba la capacidad del Estado para funcionar
Sonora no enfrenta una crisis aislada.
Enfrenta algo más preocupante: el deterioro simultáneo de las instituciones que sostienen al estado.
Primero fue el Poder Judicial.
Y no lo dijo un opositor ni un crítico en redes sociales.
Lo reconoció el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, al advertir que el sistema judicial se encontraba colapsado por el rezago acumulado, la saturación de expedientes y las limitaciones operativas que enfrenta la institución.
El problema no terminó en los tribunales.
También alcanzó a los Ceresos.
Cuando la justicia deja de funcionar con eficiencia, las cárceles se llenan. Y cuando las cárceles se saturan, el Estado comienza a perder control sobre uno de los espacios donde más autoridad debería ejercer.
La fugas del del Cereso 1 de Hermosillo terminaron por exhibir esa fragilidad. No fue solamente una falla administrativa. Fue una señal de que el sistema penitenciario también enfrenta problemas estructurales.
Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los sonorenses.
Durante años, Sonora fue considerado uno de los estados más estables del norte del país. Hoy la conversación es distinta. Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Caborca y San Luis Río Colorado han vivido episodios de inseguridad que hace apenas unos años parecían impensables.
Después vino la Universidad de Sonora.
Las huelgas y conflictos laborales no fueron únicamente un problema administrativo. Fueron otro síntoma de una institución que dejó de encontrar soluciones antes de llegar al conflicto.
Y ahora las señales alcanzan a la salud pública.
Pacientes del ISSSTESON y del ISSSTE denuncian saturación, retrasos en la atención médica, escasez de medicamentos, edificios deteriorados y servicios cada vez más presionados por la demanda.
Pero el problema podría ser aún más profundo.
Mientras las principales instituciones de Sonora acumulaban problemas, el gobernador Alfonso Durazo mantuvo una presencia política nacional pocas veces vista en un mandatario estatal. No solamente encabezó el Gobierno de Sonora. También asumió la presidencia del Consejo Nacional de Morena, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del partido a nivel nacional.
Para sus críticos, esa doble responsabilidad tuvo un costo.
Mientras una parte importante de la atención política se concentraba en los asuntos nacionales de Morena, los problemas dentro del estado seguían creciendo. El Poder Judicial acumulaba rezagos. Los Ceresos enfrentaban saturación. La inseguridad avanzaba. La Universidad de Sonora atravesaba conflictos. Y los sistemas de salud comenzaban a mostrar señales de agotamiento.
Pero existe otra pregunta aún más incómoda.
¿Qué ocurre cuando una clase política comienza a creer que ya no necesita convencer a los ciudadanos para conservar el poder?
Las acusaciones formuladas por el exconsejero jurídico de la Presidencia de AMLO, Julio Scherer Ibarra, en torno al empresario Sergio Carmona, señalado como operador del llamado huachic*l fiscal, abrieron una discusión que sigue generando controversia en el norte del país. Scherer sostuvo que recursos vinculados a Carmona habrían apoyado proyectos políticos en entidades como Tamaulipas, Sinaloa y Sonora desde 2018. Las acusaciones han sido rechazadas por los actores políticos involucrados y no han derivado en resoluciones judiciales que las acrediten.
Sin embargo, más allá de la disputa sobre nombres específicos, el señalamiento plantea una reflexión más profunda.
Si el acceso al poder depende cada vez menos de la confianza ciudadana y cada vez más de estructuras políticas, territoriales o financieras ajenas al respaldo popular, entonces la opinión de los ciudadanos deja de convertirse en el principal incentivo para gobernar.
Bajo esa lógica, resolver los problemas de fondo deja de ser urgente.
El rezago judicial puede crecer.
Los Ceresos pueden saturarse.
La inseguridad puede prolongarse.
Los hospitales pueden deteriorarse.
Las universidades pueden entrar en conflicto.
Porque el objetivo deja de ser convencer a la sociedad.
El objetivo pasa a ser conservar el control.
Y cuando eso sucede, las instituciones dejan de fortalecerse.
Comienzan a desgastarse.
Ese es el problema de fondo.
Durante años se privilegió la narrativa sobre la reconstrucción institucional. Se respondió a la crítica con descalificaciones. Se confundió la ausencia de escándalos con estabilidad. Y se asumió que controlar la conversación pública era suficiente para resolver los problemas.
Pero los problemas siguieron creciendo.
Las instituciones continuaron debilitándose.
Y ahora muchos de los funcionarios que ocuparon posiciones clave se preparan para buscar nuevas candidaturas y nuevos proyectos políticos.
Detrás dejan un estado con señales evidentes de desgaste institucional.
Pero cuando comienzan a caer una tras otra, lo que está en riesgo ya no es solamente una administración estatal.
Lo que está en riesgo es la capacidad misma del Estado para funcionar.
