Por redacción RH
La discusión pública sobre gobernadores que enfrentan señalamientos, investigaciones o controversias relacionadas con autoridades extranjeras suele enfocarse en una pregunta inmediata:
¿Son culpables o son inocentes?
Sin embargo, existe una pregunta institucional mucho más importante:
¿Qué mecanismos existen para garantizar que un gobernador no utilice el poder del Estado para resolver un problema personal?
Porque la verdadera preocupación no es únicamente la investigación.
La verdadera preocupación es el conflicto de interés.
Cuando una persona administra miles de millones de pesos en presupuesto público, controla permisos, concesiones, infraestructura estratégica y relaciones institucionales, cualquier problema personal puede generar incentivos que entren en conflicto con los intereses de los ciudadanos.
Por ello, la discusión no debería centrarse únicamente en Durazo, Marina del Pilar o cualquier otro gobernador.
La discusión debería centrarse en qué reglas deberían existir para proteger a los ciudadanos.
La solución más robusta
Si un gobernador se encontrara sujeto a una investigación relevante por parte de autoridades extranjeras, la mejor protección para los ciudadanos no sería confiar en su buena voluntad.
La mejor protección sería establecer un mecanismo institucional que reduzca al mínimo cualquier conflicto entre sus intereses personales y los intereses del estado que gobierna.
Ese mecanismo podría incluir cuatro principios básicos.
- Transparencia inmediata
El gobernador debería informar públicamente la existencia de la investigación o del procedimiento en cuestión.
No necesariamente todos los detalles.
Pero sí la existencia del asunto, las autoridades involucradas y los mecanismos institucionales mediante los cuales será atendido.
La transparencia reduce el espacio para negociaciones privadas y acuerdos fuera del escrutinio público.
- Abstención en asuntos relacionados
Mientras exista una investigación activa, el gobernador debería abstenerse de intervenir en decisiones que involucren directa o indirectamente a gobiernos, agencias, empresas o actores relacionados con el caso.
El objetivo es evitar que decisiones públicas puedan interpretarse como intentos de obtener beneficios personales.
- Delegación de facultades sensibles
Determinadas decisiones estratégicas deberían quedar temporalmente sujetas a revisión adicional o ser delegadas a otros funcionarios federales.
Por ejemplo:
- Grandes contratos públicos.
- Concesiones.
- Permisos estratégicos.
- Proyectos de infraestructura.
- Acuerdos de cooperación internacional.
- Decisiones relacionadas con recursos naturales o activos estratégicos.
La finalidad no es castigar al gobernador.
La finalidad es proteger la legitimidad de las decisiones públicas y la confianza de los ciudadanos.
- Supervisión extraordinaria
Mientras la situación se resuelve, debería activarse una supervisión reforzada.
Congresos, auditorías, órganos de control y, cuando corresponda, autoridades federales, podrían revisar de manera extraordinaria las decisiones más sensibles.
Mientras mayor sea el riesgo de conflicto de interés, mayor debería ser el nivel de supervisión.
Un principio utilizado en todo el mundo
En el sector privado existe un concepto ampliamente aceptado:
Manejo de conflictos de interés.
Cuando una persona tiene intereses personales que podrían influir en decisiones que afectan a terceros, se crean mecanismos para separar ambas esferas.
Si el director general de una empresa multimillonaria estuviera siendo investigado por una autoridad extranjera, ningún consejo de administración serio le permitiría seguir tomando decisiones relacionadas con contratos estratégicos, activos importantes o negociaciones sensibles.
No porque necesariamente sea culpable.
Sino porque los accionistas merecen protección.
La misma lógica debería aplicarse al poder público.
Porque mientras más poder concentra una persona, más importante es separar sus intereses personales de las decisiones que afectan a millones de ciudadanos.
Los antecedentes que explican la preocupación
La preocupación ciudadana no surge en el vacío.
En Baja California, una investigación periodística de Voice of San Diego tituló uno de sus reportajes más conocidos:
“The Politician Who Gave Sempra Mexico”.
La investigación documentó cómo decisiones tomadas durante la administración del entonces gobernador Eugenio Elorduy terminaron favoreciendo el desarrollo de Energía Costa Azul, proyecto que posteriormente se convirtió en una pieza estratégica para la compañía Norteamericana.
Más allá de las conclusiones que cada persona pueda extraer de ese caso, dejó una pregunta vigente:
¿Hasta dónde puede influir un gobernador en el destino de proyectos estratégicos que involucran miles de millones de dólares?
En Sinaloa existe otro elemento que alimenta el debate.
Las acusaciones formales dadas a conocer posteriormente en la Corte de Nueva York contra Rubén Rocha Moya aparecieron después de que el proyecto Vista Pacífico LNG de Sempra en Topolobampo había sido cancelado oficialmente.
Eso no demuestra una relación entre ambos hechos.
Pero sí muestra por qué el momento en que aparecen las acusaciones pudiera ser relevante para analizar posibles conflictos de interés.
El caso de Sonora
En Sonora la discusión adquiere una dimensión distinta.
A diferencia del caso de Topolobampo, todavía existen proyectos estratégicos pendientes de desarrollo y autorización.
Entre ellos destacan:
- Saguaro LNG.
- Amigo LNG.
Mientras existan permisos pendientes, infraestructura por construir, autorizaciones regulatorias por emitir, impactos ambientales por evaluar o decisiones gubernamentales por tomar, la posibilidad de un conflicto de interés sigue presente.
Por esa razón, la pregunta más importante no es si existe evidencia de una negociación indebida.
La pregunta es si existen mecanismos suficientes para garantizar que una situación personal no pueda influir en decisiones públicas relacionadas con proyectos estratégicos.
Y ese debería ser el objetivo central de cualquier democracia:
Que ningún funcionario tenga la capacidad de negociar, comprometer o intercambiar aquello que pertenece a los ciudadanos para resolver un problema que le pertenece únicamente a él.
