Entrega 2: el inicio de la denuncia y el relato de los hechos
Por Reportero H
En la primera entrega de esta serie se publicó el documento íntegro sin edición de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sonora en relación con hechos que involucran al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).
En esta segunda entrega se revisan las primeras páginas del expediente, donde se establece formalmente la denuncia y se describe el relato inicial de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación.
La denuncia formal
De acuerdo con el documento presentado ante el Ministerio Público en Hermosillo, el denunciante Juan Alan “N” comparece ante la autoridad para interponer formal denuncia y/o querella por los delitos de:
• Lesiones
• Amenazas
• Privación de la libertad
• y los que resulten de la investigación.
El escrito señala que los hechos denunciados habrían ocurrido el 3 de abril del presente año, cuando el denunciante se encontraba en instalaciones relacionadas con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).
El inicio de los hechos
Según el relato contenido en la denuncia, alrededor del mediodía de ese día el denunciante habría sido objeto de agresiones verbales y amenazas por parte de varias personas relacionadas con el lugar donde trabajaba.
El documento sostiene que estas agresiones habrían comenzado con insultos y presiones, en un contexto donde se le atribuían presuntas irregularidades administrativas.
Posteriormente —según la denuncia— la situación habría escalado a una agresión física.
El texto señala que una de las personas mencionadas habría golpeado al denunciante en el rostro, al tiempo que se realizaban amenazas contra su integridad personal e incluso contra su vida.
Presunta privación de la libertad
Uno de los elementos centrales del relato es que el denunciante afirma haber sido rodeado por varias personas, quienes presuntamente lo obligaron a realizar una llamada telefónica a su esposa.
De acuerdo con el documento, la llamada tenía como objetivo pedirle que entregara a terceros diversos objetos personales, entre ellos identificaciones y dispositivos electrónicos que se encontraban en su domicilio.
Posteriormente, el denunciante señala que fue trasladado por la fuerza a una sucursal bancaria de BBVA (Bancomer) ubicada en la plaza comercial Pabellón Reforma, en Hermosillo.
Según el relato, durante ese trayecto permaneció bajo vigilancia constante de varias personas, quienes presuntamente lo amenazaban en caso de intentar escapar o desobedecer instrucciones.
Una vez dentro de la institución bancaria, se habría solicitado un retiro de dinero en efectivo.
Intento de escape
El documento también describe que el denunciante habría aprovechado un momento de descuido para intentar escapar.
Según el relato, tomó su teléfono celular y corrió, aunque posteriormente fue alcanzado y sometido nuevamente, recibiendo golpes antes de lograr finalmente liberarse.
El denunciante afirma que después buscó resguardo en las instalaciones del supermercado Ley, donde permaneció durante algunas horas antes de trasladarse a un lugar que decidió mantener en reserva por motivos de seguridad.
Lo que dicen los documentos y lo que dijeron algunos medios:
A medida que se revisan las páginas completas de la denuncia, también surge una pregunta relevante sobre la forma en que este caso fue presentado públicamente en distintos medios de comunicación, tanto locales como nacionales.
En los días posteriores a que el caso se hiciera público, diversas publicaciones difundieron versiones que presentaban como hechos comprobados situaciones que no aparecen acreditadas de esa manera en los documentos de la denuncia.
Uno de los ejemplos más repetidos fue la afirmación de que se habría adquirido una casa “de contado” en el residencial Los Lagos, presentada en algunos medios como presunta evidencia de un enriquecimiento irregular.
Sin embargo, de acuerdo con información revisada por Reportero H, la propiedad en cuestión correspondería a una vivienda adquirida mediante un crédito hipotecario a aproximadamente 20 años, con un valor cercano a 6 millones de pesos, ubicada en el residencial La Coruña, un desarrollo donde también han adquirido viviendas diversos funcionarios vinculados al actual gobierno estatal.
Este contraste entre lo que se difundió públicamente y lo que muestran los documentos del expediente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad informativa cuando un caso aún se encuentra en etapa de investigación.
Si con el paso de las revisiones del expediente se confirma que parte de lo difundido públicamente no corresponde con los hechos documentados, cualquier medio nacional o local que se considere medianamente serio tendrá que publicar las correspondientes fe de erratas para corregir la información presentada previamente.
En las siguientes entregas de esta serie, Reportero H continuará revisando el expediente completo, contrastando el contenido de los documentos con la narrativa pública que se construyó alrededor de este caso.
